LA APLICACIÓN DEL INGRESO CIUDADANO EN MÉXICO: IMPACTO Y FACTIBILIDAD

ROGELIO HUERTA QUINTANILLA

Profesor de tiempo completo de la Faculta de Economía de la UNAM Adscrito al área de Teoría Económica.

Introducción

La iniciativa de un ingreso ciudadano (IC), o de una renta básica, como cualquier propuesta que pretende modificar a fondo la situación y evolución de la sociedad, tiene varios aspectos y diferentes ángulos de análisis; en este ensayo sólo se pretende poner en la mesa de discusión el posible impacto económico y la viablilidad de la aplicación en México del ingreso ciudadano. Las implicaciones sociológicas, éticas, filosóficas, políticas y aún biológicas de la aplicación de un ingreso ciudadano, no serán analizadas. Ni siquiera se van a tratar todas las consecuencias económicas de una iniciativa como ésta; el objetivo es comentar uno de los aspectos económicos de la puesta en marcha de un ingreso ciudadano en México: sus consecuencias sobre la inflación y la estabilidad externa y las medidas que hay que tomar para que su puesta en operación reduzca los efectos adversos.

En el primer apartado se hace una breve presentación de lo que es el ingreso ciudadano; en la segunda parte se presentan las estimaciones de financiamiento para sostener una medida como la que se propone para México (se realizaron tres ejercicios de simulación); enseguida se señalan cuáles son las condiciones de la distribución del ingreso en México que hacen necesaria y posible una medida como ésta. En la cuarta parte se revisan los posibles impactos sobre la estabilidad interna y el equilibrio externo, de la aplicación del ingreso ciudadano en México. En el apartado final se discuten las formas de enfrentar los efectos negativos de dicha medida.

En términos de definición, el ingreso ciudadano (IC), es un pago que el gobierno debe de hacer a todos los ciudadanos o residentes de un país sin distingo de edad, raza, religión o sexo: “es un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es pobre o rico, o dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de ingresos, y sin importar con quien conviva.” (Proyecto de ley del PRD sobre ingreso ciudadano en México). Su forma de aplicación varía según las condiciones de cada país. En los países que en los últimos años han tenido altas tasas de crecimiento, tal vez la medida no resulte conveniente para mantener una baja inflación (Irlanda); en países con una equitativa distribución del ingreso su costo resulta bajo (España); tal vez en países con muy mala distribución del ingreso y con una situación de estancamiento económico, su aplicación resultará más costosa y con mayores consecuencias sobre el crecimiento y la estabilidad.

La proposición de un ingreso ciudadano tiene muy diferentes orígenes. Uno de sus precursores es Milton Friedman, con su iniciativa de un impuesto negativo; en los mismos Estados Unidos James Tobin estuvo de acuerdo con una medida como ésta; en Francia André Gorz impulsó decididamente la aplicación de una renta básica para reducir los efectos de la sustitución de hombres por máquinas en la economía. Estos y otros autores que, como se puede observar tienen posturas ideológicas muy diversas, han buscado dar una respuesta a las consecuencias sobre la distribución del ingreso y el nivel de vida de la libre operación de los mercados y el funcionamiento del capitalismo. El IC, como bandera política y alternativa económica, es una opción tanto a la promesa de las mieles de los mercados perfectos y como a las ventajas de la sociedad sin clases. Como opción a éstas utopías, la propuesta de ingreso ciudadano pretende hacer viable el camino hacia la igualdad social y la libertad individual. El capitalismo, basado en el funcionamiento eficiente de los mercados, y el socialismo existente, basado en la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, son dos sistemas que no han podido cumplir con las expectativas de justicia y equidad de los seres humanos. Una propuesta como la del ingreso ciudadano, en su perfil económico, busca, entre otras cosas, poner remedio a la pobreza y a la injusta distribución de la riqueza en el capitalismo, sin llevar a cabo un proceso de expropiación de los medios de producción.

El ingreso ciudadano tiene varias características que habría que tomar en cuenta para su atinada aplicación: 1) es incondicional; 2) sustituye a cualquier otro subsidio estatal (en el caso de que el ingreso ciudadano sea menor, se igualará); 3) el pago es una cantidad fija mensual y 4) se financia con impuestos (cualquier ingreso superior al ingreso ciudadano será gravado).

Incondicional quiere decir que, a diferencia de los subsidios tradicionales, no se pone ninguna condición para ser beneficiario. Esto, entre otras ventajas, disminuye los costos de administración.

Como el IC pretende cubrir las mínimas necesidades de cualquier ciudadano, sustituye a todos los subsidios existentes. En el caso de México, reemplazaría al Programa Oportunidades. Según el Proyecto de Ley presentado en México por el PRD, “el gobierno aplica más de 55 programas sociales que involucran a ocho secretarías de Estado”. Una primera tarea que habría que hacer en México, es un recuento de estos programas y determinar cuáles pueden ser sustituidos por el IC.

Veamos en seguida lo que podría ser una adecuada aplicación del IC en México y cuánto se necesitaría de financiamiento. Como se pretende puntualizar, el pago de un ingreso ciudadano en México implica, necesariamente, que los estratos de más altos ingresos tendrán que sufrir una merma de los mismos.

2. Estimación del costo monetario del ingreso ciudadano en México.

En un primer término, el financiamiento del ingreso ciudadano tiene que contemplar los recursos que actualmente se utilizan para programas que transfieren ingresos a los hogares mexicanos. En este sentido, el pago de una renta básica, aunque parcialmente se financia con los subsidios directos que actualmente reciben los hogares mexicanos, no se contrapone con otras coberturas que garantizan la educación o la salud. Es evidente entonces que el financiamiento, no distraerá recursos del sistema impositivo actual y buscará financiarse mediante un aumento de la recaudación fiscal. El ingreso ciudadano reemplaza a cualquier otro subsidio público de magnitud inferior y en caso de que fuera más alto se quedaría este último. Se trata de sustituir los subsidios condicionados por uno incondicional. En este sentido, el gasto gubernamental en bienestar social se centrará en tres renglones que serán atendidos sin condicionamientos: la educación, la salud y el ingreso básico que todo ciudadano debe tener.

En esta perspectiva recaudatoria, el IC sería el único ingreso libre de impuestos y el esfuerzo fiscal se centraría en gravar los ingresos más altos. (Puede ser un impuesto único, cierto porcentaje, tal vez al 50%, de todos aquellos ingresos de las personas físicas que estén por arriba del nivel del ingreso ciudadano o puede ser un impuesto progresivo sobre los ingresos o puede ser un impuesto a las ganancias de las empresas).

Existen muchas formas de diferentes de llevar a la práctica la iniciativa denominada Ingreso Ciudadano. En España por ejemplo, se propone que se incluya a los niños. En Brasil, se aprobó una ley en 2004 y a partir del siguiente año a su aprobación, se aplicará por etapas, hasta cubrir a todos los residentes en el país (se incluye a los extranjeros con más de 5 años de residencia). Para el caso de México, en seguida se presentan tres ejercicios de simulación.

El 4 de Julio de 2007, se presentó a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente un proyecto de ley sobre el Ingreso Ciudadano Universal en México. En dicha iniciativa se estipula que la transferencia monetaria “en ningún caso podrá ser inferior a la mitad del salario mínimo vigente más alto del país”. No se aclara por qué se eligió este monto como mínimo, pero se señala que su aplicación será gradual, abarcando primero y “de manera automática” a todas las personas que estén siendo beneficiadas por algún programa de transferencia del gobierno, hasta cubrir a toda la población en tres años. La estimación de sus costo es de 952 mil 831 millones, pero no se indica cómo se estimó esa cantidad. Se añade en el documento que “según el Presupuesto de egresos de la Federación para 2007, La Secretaría de Desarrollo Social, tendrá un presupuesto superior a 35 mil 108 millones de pesos, de los cuales más de 29 mil 839 serán para el gasto corriente…solamente 5 mil 268 millones se convertirán en apoyos a las comunidades.” Se da entender que de aquí podrían obtenerse parte de los ingresos para financiar el programa de IC; otra parte necesariamente provendría del ámbito impositivo “donde deberán pagar más impuestos los que más ganan”.

Sin embargo, estando de acuerdo con que el financiamiento surgirá de esas dos fuentes, las estimaciones que se harán aquí corresponden a más de medio salario mínimo. Las estimaciones se harán con dos tercios del salario mínimo, o sea mil pesos mensuales. Esta propuesta se hace pensando en con mil pesos mensuales, en el caso de una familia con los dos padres, se alcanzaría a cubrir el monto máximo que obtiene una familia con el programa oportunidades. . Según información del mismo programa de Desarrollo Humano Oportunidades, en 2007, el monto máximo de apoyo a las familias con becarios en primaria, secundaria y educación media superior era de 1980 pesos (si hubiera adultos mayores, este monto se incrementa en 260 pesos por cada uno). Con un IC de 1000 por persona, la familia media tendría un ingreso mensual de 2000 pesos.

El presupuesto de egresos de la federación, asignó a la Secretaría de Desarrollo Social en 2008, 50 mil millones de pesos. El programa Oportunidades tiene un presupuesto asignado de 38 mil millones de pesos en este mismo año (incluyendo a todas las dependencias que están involucradas en el programa: Sedesol, Salud y Educación) y atiende a 5 millones de familias (aproximadamente a 20 millones de mexicanos).

Si se programara una aplicación gradual del ingreso ciudadano en México y se empezara por cubrir a los 20 millones de mexicanos que se encuentran dentro del programa Oportunidades, serían 10 millones de padres o ciudadanos por 12000 pesos al año (suponiendo que se les paga mil pesos al mes), se necesitaría un presupuesto de 120 mil millones de pesos. El triple de lo que actualmente tiene asignado el programa Oportunidades. Pero esos 80 mil millones de pesos pueden ser obtenidos de una reforma fiscal que grave más a los de ingresos más altos o con impuestos a las ganancias de las empresas.

La meta con el ingreso ciudadano, digamos en cinco años, sería cubrir a la totalidad de adultos mayores de 18 años que viven en México con un ingreso básico que llegue a un salario mínimo; en el caso de los extranjeros se pondría como condición 5 años de residencia continua.

Personas perceptoras: 75 millones: (según el IFE en julio de 2006, el 95% de la población mayor de 21 años tenía credencial y se contabilizaron: 71 351 123, por lo que el 100% de ciudadanos mexicanos en 2008, serían, aproximadamente, esos 75 millones).

Vamos a suponer que a cada persona se le da un ingreso de 1000 pesos mensuales. Al año serían 12000 pesos, que multiplicados por 75 millones de personas, serían 900 000 millones de pesos. Esta cantidad es aproximadamente el 10% del PIB, lo que nos llevaría a pensar que la recaudación tributaria debería de duplicarse en cinco años. La meta en recaudación debería ser alcanzar, como mínimo, el 20% del PIB.

Una segunda forma de ver la aplicación del ingreso ciudadano en México es a través de la clasificación de los hogares. Se presume que si se otorga indiscriminadamente el ingreso a todos los ciudadanos, esto podría generar reclamos por el trato discriminatorio para algunos sectores de la población; también se discute que ésta forma general de encarar el ingreso ciudadano puede ser fuente de injusticias y de desincentivos al trabajo. La razón es que agrupados en hogares, los ingresos obtenidos por los adultos podrían superar lo que se requiere para cubrir las necesidades de cada persona; esto es debido a las economías de la convivencia. Por tal motivo, se tendría que pensar en un esquema de aplicación del ingreso ciudadano que tome en cuenta el tamaño de los hogares para que se consiga, de manera aproximada, que lo que reciban sus componentes sea el equivalente a lo que necesita una persona que vive sola.

Una primera aproximación a este asunto se puede encontrar en un documento que se incluye en el libro titulado “El derecho a la existencia y libertad real par todos”, editado pos la UACM y la SdeDS del GDF. Partiendo de dos datos del INEGI, los autores, construyeron un cuadro suponiendo que en México hay tres clases de hogares: unipersonal, nuclear y no nuclear. Unipersonal, es un hogar de una sola persona; nuclear, es un hogar compuesto por el jefe, el cónyuge y los hijos, y los hogares no nucleares, se componen del jefe, el cónyuge, los hijos y otros parientes.

Los datos tomados del INEGI son sobre población de México en 2007: 104; 860,000 y de Producto Interno Bruto, (en el cuadro se refieren al año 2006): 9; 377,157; 166,000 pesos. Se propone que a los hogares se les entreguen mensualmente 500, 700 y 1000 pesos, respectivamente. El siguiente cuadro fue elaborado por los autores del documento, aunque la última columna se modificó. (Moreno y Marrufo. 2008).

Para financiar este tipo de ingreso ciudadano en México se requeriría al año, sólo el 2.16% del PIB.

Una tercera opción de aplicación de ingreso ciudadano en México es considerar, de entrada, a la población más vulnerable del país. Esto se podría hacer mediante el pago de una pensión universal a los adultos mayores y un pago mensual a todos los niños menores de 15 años. Así, se podría empezar el programa dándole prioridad a la población con mayores desventajas sociales.

Según INEGI, la población en México que tiene más de 60 años es de 8.2 millones y la población de menos de 15 años es de 31.7 millones de niños.

Se han tomado los pagos mensuales de 1000 y 600 pesos porque según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política social, en el sector rural se encuentran en pobreza alimentaria aquellos que obtienen menos de $584.34 mensuales y en pobreza patrimonial los que obtienen menos de $1060.34. De acuerdo con estos resultados, se necesitaría, aproximadamente, un 3.5% del PIB para poner en marcha el programa. El segundo año, suponiendo que se incorporan al ingreso ciudadano los jóvenes de 15 a 20 años, se tendrían que tomar en cuenta a 10 millones de personas, según el II Conteo de Población y Vivienda 2005. Si suponemos que se les otorga un ingreso ciudadano de 600 pesos, lo que se tendría que utilizar del PIB pasaría a 4.25%. Si al tercer año se incorporara al programa a las personas de entre 50 y 60 años, se contabilizarían a 7.21 millones de personas y se agregaría el .92% del PIB, haciéndolo llegar a 5.17%.

En tres años, con el 5% del PIB que se redistribuyera a través del programa de ingreso ciudadano, se cubrirían las necesidades alimenticias de los menores de 20 años y las necesidades básicas de los mayores de 50 años.

¿De dónde se podrían obtener esos recursos monetarios? La respuesta está en la desigual distribución del ingreso y la riqueza.

3. La Desigualdad en México

Las consecuencias del desarrollo capitalista en México sobre el nivel de vida de la mayor parte de la población, sea bajo un modelo de economía cerrada y con fuerte intervención estatal o con un modelo una economía abierta y “casi” sin gobierno, han sido decepcionantes. La existencia de programas remediales contra la pobreza y la persistencia de la desigual distribución del ingreso, no son nuevos. Lo nuevo es que el gasto social se ha expandido y la proporción de pobres no ha disminuido.

Los indudables éxitos industrializadores del “Desarrollo Estabilizador” al finalizar la década de los sesenta, contrastaban con sus resultados sociales y aún económicos. “Lo desempleados se acumulaban rápidamente y la satisfacción de las necesidades de servicios educativos, médicos sanitarios, y de vivienda tenía un retraso de lustros.” “El crecimiento del mercado interno también se estancaba: poco podía comprar el 45% de los trabajadores cuyos ingresos mensuales eran inferiores a un salario mínimo.” “millones de mexicanos se empobrecían en términos relativos o absolutos y apenas les quedaba alternativas inaceptables”. Las alternativas eran la marginación y el desempleo; la industrialización del país, basada en el modelo de sustitución de importaciones con amplia intervención estatal, “pudo conseguirse a costa del bienestar de las grandes mayorías” porque “La política económica estuvo durante muchos años casi exclusivamente orientada de modo artificial a reducir los riesgos y asegurar las tasas de ganancia” (Tello. 2007. páginas454-460). Como se puede constatar, el problema de la exclusión del desarrollo y de la concentración del ingreso y la riqueza, también se presentaron como resultado del proceso de urbanización e industrialización que partieron de la década de los treinta del siglo pasado. Por ese motivo, a partir de 1970, los distintos gobiernos han puesta en marcha diferentes programas sociales para atenuar la pobreza y la desigualdad.

Los programas de combate a la pobreza en México han evolucionado desde el PIDER, en el sexenio de Echeverría, hasta el Programa de Desarrollo Humano-Oportunidades, en el presente sexenio (2006-2012). Todos son una demostración de la persistencia de la pobreza. Los recursos empleados para hacer frente a la marginación y a la creciente pobreza, se han incrementado en las últimas décadas. Sin embargo, los resultados no han sido los deseables. En los últimos años se ha podido detectar una disminución de la pobreza extrema, pero la proporción del problema no deja de ser mayúsculo. En la zona rural de México “entre 1992 y 2005 se observa una reducción significativa de la incidencia de la pobreza aunque hay que notar que sólo fue del orden de 3 puntos porcentuales”. “la zona urbana no ha experimentado disminuciones significativas en la pobreza y de 2000 a 2005, sólo se habría reducido la pobreza de capacidades.” (F. Cortés. 2006.) La experiencia de otros países, como Chile, nos dice que es posible aspirar a que, mediante el gasto social del tipo oportunidades, se reduzca la extrema pobreza pero no el número total de pobres.

Desde nuestro punto de vista la explicación de la desigualdad y de la pobreza se encuentra en la distribución del ingreso. Los determinantes de la distribución del ingreso pueden ser diversos, dependiendo del marco teórico a que se haga referencia pero, para estudiar el caso de México, se tratará de esclarecer cuáles son las características que toma la apropiación del producto entre los diferentes agentes económicos.¹

Desde 1992 hasta el año 2005, el décimo decil de ingresos se apropió de alrededor del 40% del ingreso corriente total de los hogares mexicanos. Aunque en este periodo se redujo en 1.5 puntos porcentuales al pasar de 41.4% a 39.9%, se puede considerar que este decil, el de más altos ingresos según la encuesta del INEGI, ha conservado estable su apropiación de riqueza en esos 13 años.

La primera cuestión que llama la atención en la investigación de Cortés es que el estrato de mayores ingresos, el decil X en la encuesta ingreso gasto, está conformado por familias que obtienen un promedio de ingreso de casi 11 salarios mínimos. De aquí se colige que en este “decil deben de estar los hogares de clase media alta” y no las familias que detentan las grande fortunas de México.² Para confirmar lo anterior, el autor pone el ejemplo de la encuesta ingreso-gasto de 1992, y dice que en ese año “de los hogares que entrevistó el INEGI, los veinte más ricos del país, tuvieron, en promedio, un ingreso mensual de 64.6 salarios mínimos (expresados en salarios mínimos de 1989), cifra que debe ser mucho menor que el ingreso mensual que perciben las grandes fortunas del país.” (Cortés. 2000. p. 75). Esto quiere decir que la encuesta no toma en cuenta o subestima los ingresos de las familias más ricas del país. Esto puede deberse a dos factores: a sesgos en el muestreo y a que esas familias no responden el cuestionario.

Si en el decil X no están los más altos ingresos, los más ricos del país, ¿cuáles hogares se localizan en el decil X? En términos generales, “El décimo decil… está formado por hogares de profesionistas, técnicos y trabajadores de la educación, funcionarios públicos y privados, oficinistas, vendedores y agentes de ventas, y por hogares que combinan comerciantes con técnicos y trabajadores industriales y ambulantes con una amplia gama de ocupaciones.” (Cortés. 2000. p. 70). En términos específicos “Son los funcionarios (ya sean públicos o privados) y los profesionistas los que tienden a localizarse en el décimo decil (tres de cada cuatro y seis de cada diez, respectivamente). Más del 90 por ciento de los hogares conformados por este tipo de ocupaciones está entre el octavo y décimo deciles. Claramente son estos los hogares más acomodados del país.” (Cortés. 2000.p. 71). Entonces, en el decil X están los hogares que conforman la clase media alta y no los hogares que detentan las más grandes fortunas del país.

Es importante tener claro cuáles son los hogares más adinerados, de acuerdo a la encuesta ingreso-gasto, porque se supone que esos son los estratos que habría que afectar más para mejorar la distribución del ingreso. La redistribución que se persigue con la proposición del ingreso ciudadano, tiene como finalidad trasladar ingreso de los sectores afortunados del país hacia los sectores más precarios; en otras palabras, las grandes fortunas van a tener que aportar la mayor parte el dinero para financiar el Ingreso Ciudadano. En esta perspectiva, los impuestos sobre los ingresos más altos, serán lo suficientemente grandes como para poder acumular un ingreso tributario que sea suficiente para pagar una renta a cada uno de los ciudadanos del país.

Como el ingreso de las hogares proviene de una o varias fuentes se sobreentiende que ésta es la explicación que está en la base de la distribución. “En definitiva, el total de ingresos que acumula un hogar por la actividad económica que desarrollan sus integrantes puede provenir de una o varias fuentes: remuneraciones al trabajo, renta de la propiedad, renta empresarial y transferencias.” (Cortés. 2000. P.7). En México, los ingresos de los hogares que tienen su fuente en la renta de la propiedad y en las transferencias, son poco importantes (cerca del 12% del total de ingresos monetarios de los hogares). El autor se centra en el análisis de las remuneraciones y de la renta empresarial porque son las fuentes de ingreso determinantes para explicar la distribución del ingreso y sus movimientos a través del tiempo. Su conclusión más importante es que hasta mediados de la década de los noventa del siglo pasado, los cambios en la distribución del ingreso estuvieron determinados por los cambios en el pago a los asalariados y a partir de 1996-98, los ingresos por la renta empresarial han sido determinantes. En definitiva, los ingresos que se derivan de la actividad empresarial son lo más significativo e importante en la explicación de la desigual distribución del ingreso

¿Cuál será el impacto de la apropiación anual de un 40% del ingreso nacional? Evidentemente después de varios años, o décadas de que el 10% más rico de la población, según la encuesta, se apropie del 40% de la renta, la desigualdad en la detentación de la riqueza tiene que haberse profundizado.

Otra consideración para la aplicación del ingreso ciudadano es la identificación de la grandes fortunas en México. Esto seguramente que no será una tarea difícil, pues es pública y notoria la presencia de hogares que son dueños de grandes fortunas o de grandes empresas que concentran el capital. Esto también es importante para ubicar de dónde tendría que salir el financiamiento.

Según el último censo económico (2004) El total de unidades económicas existentes en el país era de 3millones 5, 156. La más grandes unidades económicas (las que emplean 1000 personas o más), era 976 y éstas producían el 39% del valor agregado censal bruto y efectuaban el 65% de la inversión total (Formación bruta de capital fijo). En esas empresas mayores, el 50 % del valor agregado era el excedente sobre las remuneraciones totales.

Este ejercicio efectuado a más bajos niveles, según sectores, subsectores y ramas de actividad económica, permite observar un alto grado de concentración de la actividad económica y detectar la apropiación del valor agregado a través de la renta empresarial.

4. El impacto macroeconómico del Ingreso Ciudadano

En México la aplicación de políticas económicas que mejoren la distribución del ingreso ha concitado encendidas polémicas. Cuando los objetivos económicos se centran en la estabilidad macroeconómica, medidas que redistribuyan el ingreso son consideradas impropias y aún improcedentes e impertinentes. Inclusive, algunos de los proyectos que se han preocupado por la desigual distribución del ingreso y que han propuesto vías de solución, han sido tachados con el abominable nombre de “populistas”. Según los cánones del mainstream, la política social es la que se debe de encargar de solucionar lo que el mercado no puede hacer: ayudar a quienes no están capacitados para competir en el libre mercado.

Sin embargo, tanto la situación actual, como las tendencias de largo plazo, sugieren que algo más que mera política social hay que hacer algo para enfrentar el subempleo, el desempleo, la pobreza y el lento crecimiento de la economía. Para ello se propone esta política de redistribución del ingreso que se denomina ingreso ciudadano o renta básica. La pregunta es ¿cuáles serán los efectos de una política de ingreso ciudadano, sobre el crecimiento, la estabilidad y el bienestar de la población en México?

Como es evidente, el gasto gubernamental que amerita una política de esta naturaleza, se incrementará. El problema es cómo financiar ese mayor gasto.

Desde una perspectiva macroeconómica, el gasto de gobierno puede financiarse de tres maneras: i) gravando a la población en general; ii) emitiendo deuda mediante bonos o emisión de dinero y iii) gravando las ganancias de las empresas.

La primera opción se descarta pues no se pretende gravar a quienes tienen menos ingresos.

La segunda influye sobre la expansión de la demanda sin que se restrinja el ingreso de ningún sector de la población, ello ocasiona el aumento de las ganancias empresariales y por tanto la agudización de la concentración de la riqueza, que es lo que se intenta disminuir.

La tercera es la más viable y por ello se revisarán los efectos de un aumento en los impuestos a las ganancias del capital.

¿Cuál será el posible impacto de un gravamen a las ganancias de las empresas sobre la estabilidad económica de México?

La redistribución del ingreso a favor de los estratos de más bajos ingresos, tendrá como primer efecto, un aumento de la demanda de bienes y servicios de consumo familiar. Es decir crece la demanda de consumo final. Esta demanda puede cubrirse, en el corto plazo (uno o dos años), mediante la utilización de la capacidad ociosa de la planta productiva instalada. Sin embargo después de un tiempo la demanda puede ser mayor que la oferta y esto presionaría a un aumento de precios. Lo mismo ocurrirá de manera inmediata en los sectores productivos que no tengan capacidad para incrementar su oferta en el corto plazo.

Otro posible impacto, que puede observarse, es sobre la inversión. Si la ganancia gravada se reduce demasiado, la inversión puede reducirse también, si ésta depende únicamente de las ganancias corrientes. Pero dado que la inversión en México es efectuada en su mayor parte (65%) por las empresas más grandes (2665 unidades económicas que emplean 500 o mas personas, según el último censo económico), es posible que los dirigentes de estas empresas tengan una reacción más política.

En el plano externo, el incremento de la demanda de bienes y servicios de consumo final, traerá como consecuencia un aumento de las importaciones que puede hacer crecer el déficit externo. Si la demanda doméstica se expande, las importaciones crecen y las exportaciones podrían disminuir por la misma demanda interna, esto incrementaría el déficit comercial.

En suma, esta iniciativa puede producir inestabilidad macroeconómica, pero ésta puede ser controlada, si hay negociación política y si se aplica de manera gradual. El acuerdo político y la concertación de las medidas paulatinas, pueden coadyuvar al crecimiento. Sin embargo, la iniciativa de IC, debe ser acompañada de otras políticas económicas para reducir los efectos adversos.

5. ¿Cómo enfrentar la inestabilidad interna y externa?

En términos de la actividad económica, es claro que algunos empresarios van a ganar y otros van a disminuir sus ganancias. Las empresas que produzcan los bienes y servicios de consumo masivo y no producen bienes de lujo, van a incrementar sus ventas y por tanto pueden mantener y aún aumentar sus ganancias totales. Estos empresarios pueden estar de acuerdo en no aumentar los precios en la medida en que sus ventas se expandan. Por otro lado, las empresas que no producen bienes de consumo masivo, verán disminuir sus ganancias mediante el impuesto y no tendrán compensación con un aumento de las ventas. Si la demanda por sus productos es inelástica, aumentarán sus precios; pero si su demanda es elástica, los traslados del impuesto a los precios serán restringidos. En ambos tipos de empresas, la apertura comercial hace que los precios internos tengan un límite superior, pero las presiones inflacionarias inevitablemente se presentarán.

Para el mediano y largo plazo, lo importante, para hacer frente a la expansión de la demanda, es desarrollar una política que estimule la inversión productiva, de tal manera que la oferta crezca acompañando a la demanda.

Como lo estableció claramente Keynes, el problema de la inversión privada es el problema central del capitalismo. Tanto por razones económicas, relacionadas con las ganancias presentes y esperadas, como por razones político-ideológicas, la inversión privada puede convertirse en una variable sin control. Como se dice por ahí, en los procesos de cambio: el capital “vota con los pies” y si a esto se aúna el desestímulo económico del impuesto a las ganancias, no cabría duda de que en vez de crecer la inversión, al capital podría buscar mercados más atractivos.

En este sentido, la inversión privada requiere de un tratamiento especial. El gobierno y los impulsores de la iniciativa de ingreso ciudadano, así como los sectores beneficiados con su implantación, deberían de hacer hincapié en que no se trata de una lucha contra el capital, sino a favor del mismo y que la libertad de los mercados no se verá mermada. Deberá quedar claro para todos que “… no se aboga francamente por un sistema de socialismo de estado que abarque la mayor parte de la vida económica de la comunidad. No es la propiedad de los medios de producción la que conviene al estado asumir. Si éste es capaz de determinar el monto global de los recursos destinados a aumentar esos medios y la tasa básica de remuneración de quienes los poseen, habrá realizado todo lo que le corresponde.” (Keynes. 1986. p. 333). Es decir, para Keynes y esto debe quedar claro con la iniciativa de IC, el gobierno debe ser capaz de determinar la inversión agregada de la economía, pues es el único medio de aproximarse a un mejor funcionamiento del sistema. Esto se logrará cuando el estado intervenga para determinar la tasa de ganancia “básica” (remuneración del capital) de quienes son poseedores de las empresas. Es decir el Estado debe de intervenir directamente en la regulación de la tasa de ganancia y la fijación de la inversión bruta agregada de la economía.

Lo que se sostiene es que la inversión privada puede reaccionar negativamente frente a la iniciativa del IC, pero que la única manera de evitar su retraimiento y ocasionalmente la fuga de los capitales, es que el gobierno diseñe una estrategia para tener en sus manos la determinación del “monto global de los recursos destinados a aumentar” los medios de producción, y la manera de conseguir eso es a través de una política fiscal que sea aplicada gradualmente y de manera concertada.

La determinación del monto global de de los recursos destinados a aumentar los medios de producción, está directamente vinculada con el crecimiento económico. La expansión de la demanda de bienes de consumo final debería de ser acompañada por un incremento de las ganancias de los sectores que producen esos bienes y por tanto de un aumento en la inversión productiva en esos sectores. Es decir, la expansión de demanda inicial (mayores ingresos y empleo de lo estratos de menores ingresos), se debería de ver apoyada por una expansión de la demanda de bienes de inversión.

En un ejercicio sobre las necesidades de inversión de México para alcanzar ciertas tasas de crecimiento, Julio López (1998) muestra que la obtención de una tasa uniforme de seis por ciento del producto al año durante quince año (2000-2015), requiere de una tasa de inversión (proporción de la inversión respecto al producto), que empezando con el 20%, no pasa del 25% en el último año. Lo que quiere decir que los esfuerzos de financiamiento de la inversión no tienen que ser demasiado fuertes, pues en la actualidad se sabe que esta relación está en alrededor del 20%. El supuesto más importante para desarrollar esta estrategia es que se usan las capacidades productivas existentes que están ociosas, y si esto es así, “se traduce también en un crecimiento del empleo formal más rápido y en un más veloz crecimiento de la tasa de empleo formal.” (López. 1998. p. 225). Esto último reforzaría la demanda de bienes de consumo. En términos agregados se establecería una relación dinámica entre el crecimiento de la producción y la expansión de la demanda.

Si se obtiene esta relación virtuosa, el problema central que se presenta es el límite al crecimiento que impone el sector externo. De acuerdo con la ley de Thirwall, la tasa potencial de crecimiento, no sólo esta determinada por la disposición interna de recursos, sino por la capacidad de exportaciones y la elasticidad-ingreso de las importaciones. Según este autor, la expansión de cualquier economía esta limitada por el sector externo: entre mayor sea la capacidad de exportación y menor sea la tendencia a importar, este límite se expandirá. En ese sentido el crecimiento económico que puede traer consigo la aplicación de la renta básica y por añadidura, el posible crecimiento del déficit externo impulsado por la simple expansión de la demanda doméstica, sólo puede reducirse mediante una política de fomento a las exportaciones y de sustitución de importaciones.

En México, la mayor parte del comercio exterior es de bienes manufacturados y lo mismo las exportaciones por lo que lo más indicado sería el diseño e implementación de una política que se base en las ventajas comparativas potenciales del sector manufacturero del país para especializarlo en lo que más eficientemente se produce. Esta política puede ser basada en cualquier criterio que mida estas ventajas comparativas. Una medición puede ser la que se establece a través del costo doméstico de la divisa (CDD).

El CDD es la estimación de cuánto le cuesta producir un dólar a la economía mexicana considerando los costos y los beneficios sociales. Con este cálculo, se pueden ordenar las actividades productivas de menor a mayor costo para priorizar la atención por parte de una política industrial. Esta política se orientaría por la expansión de la producción de aquellos sectores que tengan capacidad de competencia con el exterior y una política de sustitución de importaciones que tienda a reducir la elasticidad ingreso de las importaciones. De esa manera, se podrían reducir las presiones que el sector externo establece en el largo plazo sobre el crecimiento económico o simplemente se podría reducir el déficit comercial externo.

Recapitulando, la implantación de una medida como el ingreso ciudadano en México, tendría que ser acompañada de una política de inversión guiada por el Gobierno y de una política de especialización productiva que inserte a la economía mexicana de mejor manera en la economía global.

BIBLIOGRAFÍA

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Keynes, John.M. Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero.

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López Gallardo, Julio La macroeconomía de México: el pasado reciente y el futuro

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Moreno y Marrufo. Por un ingreso ciudadano universal: pertinencia y factibilidad

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